Jun
24
La última estocada mariana contiene ni más ni menos que 217 medidas para “RECORTAR” la administración pública, nada de “REFORMAR”. A estas alturas a pocos se les escapa ya que cuando Mariano y su equipo dicen “reforma” lo que no quieren decir es “recorte”. No quieren decirlo sino hacerlo y además “a saco”.
Podríamos estar ante uno de mayores ataques del gobierno del Partido Popular hacia la ciudadanía de este país, si no el que acabe de una vez con todo. Esta “reforma” es mucho más grave de lo que puede parecer a simple vista. Supone un paso más en esa “hoja de ruta” que el partido en el gobierno ha marcado para este país. Y quiero insistir en la idea de la “hoja de ruta” porque es importante que a medida que nos obligan a avanzar entre tanto caos por esta senda de difícil retorno a corto o medio plazo, no podemos permitirnos -por muy noqueados que nos encontremos- perder esa perspectiva que nos lleve a analizar la fotografía completa al volver la vista atrás.
Como digo, la “medida” es especialmente grave no sólo por lo que supone en sí misma sino por el resto de “medidas” que la han precedido. Entre otras, hay dos consecuencias importantes que de manera irremediable se derivarán de ella.
Por un lado la pérdida de empleo y el deterioro de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector público.
Desde que se impusiese la reforma laboral hace más de año y medio, conviene recordar que los sindicatos no hemos dejado de rebelarnos contra lo que consideramos una verdadera agresión hacia los derechos de cualquier persona que aún conserve el empleo o que en el futuro pueda acceder a él. En el sector privado claramente, pero ¡OJO! también en el público. Y es justo el momento de recordar que la citada reforma, entre otras bondades, abrió la puerta al despido y a la modificación de las condiciones laborales en el sector público. ¿Nos acordamos de aquello? Pues ya está aquí, llamando a la puerta nuevamente en este preciso momento en el que difícilmente este país puede ya soportar el peso creciente de las colas del paro.
Por otro lado está ese irrefrenable deseo que muestra el Partido Popular hacia todo lo caro. Esa manía por tender a privatizarlo todo, una auténtica canallada si tenemos en cuenta que podemos estar hablando, como es el caso, de la sanidad o la educación. Es tremenda la obsesión por hacer inaccesibles unos derechos básicos para un sector la población cada vez mayor y de paso dificultar la protección que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía entera independientemente de las circunstancias personales de cada cual.
Nos espera a la vuelta de la esquina el retorno a las dos Españas, la de los ricos explotadores y la de los pobres explotados. Ese país sin término medio que sus antecesores (los del Partido Popular) impulsaron por todo el territorio y que afortunadamente terminó cayendo tras largos y duros esfuerzos por la construcción del Estado del Bienestar.
Todo esto ocurre bajo el populista grito de guerra ¡muerte a los políticos!. Y vuelvo a la idea de la “hoja de ruta” porque ¿cuánto tiempo se llevan alimentando ideas, más desde unos sectores que desde otros, como la de que los políticos son todos unos corruptos y unos estómagos agradecidos, o la de de que los funcionarios son unos vagos inútiles, o la de que la sanidad pública es una “mierda” como he oído en más de una ocasión?
¿Qué ocurrirá cuando no haya políticos, cuando no haya trabajadores garantizando al ciudadano unos servicios básicos, cuando no haya sindicatos que defiendan los derechos laborales, cuando no haya instituciones a las que acudir ante una situación de emergencia? Sálvese quien pueda, quien pueda pagarse la salvación, claro.
Estando muy de acuerdo con que hace falta una revisión de la administración pública para modernizarla y hacerla más ágil y eficaz, lo siento pero esta moto tampoco se la compro al Partido Popular.
Ni es el momento, ni es el PP el partido más indicado para llevarla a cabo. Así que espero que apretón de manos que presenciamos toda España hace unos días entre Rubalcaba y Rajoy no se estrene metiéndole mano a la administración pública.
Este país espera y desea el consenso, siempre y cuando éste venga desde el respeto a la diferencia de opiniones y no desde la imposición de unas ideas sobre otras.
APL